En República Dominicana apenas el 23 % del territorio es zona de cultivo agrícola, y de ese porcentaje, solo 13 % de calidad 1, una proporción considerada muy baja por los técnicos geográficos. Aunque todavía se está a la espera de un levantamiento nacional sobre la cantidad de tierra que queda disponible, ese porcentaje es mucho menor, debido a la “constante y preocupante” ocupación de esos suelos para desarrollos urbanos.
“El problema de la ocupación urbana en suelo de vocación agropecuaria es grave en el país, fundamentalmente en el Cibao Central, Bonao, Villa Altagracia y San Juan, donde tenemos los mejores suelos de vocación agrícola”, dice Bolívar Troncoso, director del Instituto Geográfico Nacional.
Troncoso participó junto con Kelvin Cruz, presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), y Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), en una rueda de prensa para anunciar la realización de un plan nacional de concienciación a los gobiernos locales sobre la necesidad de preservar los suelos de vocación agrícola.
En su mayoría, las tierras de clase uno se concentran en Santiago, La Vega, Hermanas Mirabal, San Francisco de Macorís y Espaillat, pero esas ciudades están desplazando hacia esas zonas los proyectos de urbanización.
“La cartografía nos demuestra una invasión expansiva incontrolable hacia esos suelos de categoría 1, 2 y 3 y eso es fundamental”, insiste Troncoso, que explica que los porcentajes referidos, se establecieron en 1917 y se han ido actualizando, pero que es mucho menor en la actualidad debido a la invasión urbana.
Aún están en el proceso de determinar el dato exacto, pero en los próximos días podrían dar a conocer los resultados de un estudio cartográfico focalizado en Espaillat, donde –advierte- la situación es muy preocupante.
Los funcionarios advirtieron sobre los riesgos para el país de continuar con el uso indebido de los predios agrícolas, el que se hace posible debido a la falta de regulación, sostienen.
El principal peligro a enumerar es perder la sostenibilidad alimentaria, pérdida de capacidad de exportación y un incremento de los flujos migratorios de las zonas rurales a las urbanas, contribuyendo así a un mayor hacinamiento en las ciudades, comenta Domingo Matías.
Insiste en la necesidad de que “los gobiernos locales establezcan normativas para poner los limites urbanos y que el crecimiento sea regulado para proteger los suelos agrícolas”. Así piensan discutirlo la próxima semana con los representantes de los municipios de varias provincias del Cibao, sobre todo La Vega y Espaillat, a los fines de concienciar sobre la necesidad de definir los suelos urbanos y los no urbanos.
Por años, sectores de República Dominicana han demandado de una ley de ordenamiento territorial que, pese a su necesidad, no logra aprobación en el Congreso Nacional, donde ha estado por casi 20 años.
La falta de ese marco jurídico ha sido el principal factor de la crítica situación que vive el país, donde, conforme admite el alcalde Cruz, se aprueban proyectos con “motivaciones y cabildeos” y donde nadie ve un residencial como un peligro para la comunidad, sino como un desarrollo, aunque amenace la productividad agrícola.
TANIA MOLINA
